“Son los sueños más bien una rara enfermedad. Digamos lo más parecido a la locura. Y quien la padece, quien tiene fe en ellos, nunca se cura. Tal vez por eso estos hombres son lo mas parecido a la felicidad o acaso a los mismos dioses que algunas culturas han descrito vagabundeando por este planeta”
Dean Lermen.
Dean Lermen.
Para hablar de discapacidad, debemos profundizar, ir más allá de aquello que vemos día a día , saber que desde la diferencia podemos construir una nueva versión de lo que vivimos, buscar en la memoria de los acontecimientos, intentar una comunión entre los hombres y sus leyes, crear un espacio real de intercambio de experiencias e información, saber que los sueños nos abrazan y que cada uno de los hombres y en especial aquellos que se sienten desamparados deben conocer sus derechos, sus garantías y obligaciones para poder materializar sus anhelos.
Vivimos en una sociedad de culturas híbridas, donde cada individuo que la compone es un ser diferente, física y psicológicamente. Sociedad que es producto de la formación de cada ciudadano, de su educación, de sus valores morales y espirituales, desde su infancia y del uso que él hace de estos factores en el desarrollo de su vida y de su diario vivir, en la interacción con los demás, en los diferentes escenarios que componen la sociedad. Por lo cual, es de relevante importancia para nuestro desarrollo personal el ejercicio del hombre como “ser social”.
Sin ignorar nuestras diferencias y reconociéndonos como seres sociales, debemos incorporar a nuestra formación, virtudes como la solidaridad, el respeto, la educación y el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones en pro de un bienestar social, fruto del trabajo fundamentado en intereses comunes; y no una lucha de intereses particulares y burocráticos, que en conjunto con la mal orientada educación de los colombianos, el inadecuado manejo de los recursos por parte del Estado y la falta de valores morales, han sido la causa principal para que vivamos en un mundo donde prima la injusticia, la insolidaridad, el egoísmo y otras acciones que han traído a su vez como consecuencia la violencia, la guerra, la pobreza, la incultura y la intolerancia, entre otros.
En este ensayo, hago énfasis en la intolerancia y la falta de cultura, que vivimos los colombianos, especialmente en el tema de las personas que viven en condición de discapacidad. Ya que, generalmente, estas personas están expuestas a la discriminación y exclusión social, factores que les impide ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades con las demás personas, pero que gracias a los últimos estudios en el tema, se ha llegado a entender que la verdadera causa de la discapacidad no está en el individuo, sino que su causa es fundamentalmente social y se encuentra en las desventajas que experimentan debido a las omisiones, errores de diseño en la infraestructura de la ciudad, sea por prejuicios, por discriminación, por falta de información o simplemente por no tener en cuenta estas diferencias, lo cual conocemos como “falta de cultura ciudadana” al respecto. Además, la discapacidad de muchos colombianos es la consecuencia de las diferentes formas de violencia, de los accidentes de tránsito, accidentes laborales, de la carencia afectiva o pobreza extrema, de las enfermedades crónicas, entre otras.
En el mundo existen 650 millones de personas en condición de discapacidad, equivalente al 10% del total de la población mundial, en solo Colombia hay cuatro millones de personas en esa condición. Por ello, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, en el primer tratado sobre derechos humanos, implicó la creación de leyes y medidas a favor de este grupo, con el fin de erradicar cualquier tipo de discriminación y cambiando la caridad y asistencia por derechos y libertades, mediante los cuales se promueva el aporte que ellos pueden hacer a la sociedad, garantizando así el derecho de igualdad de condiciones frente a las demás personas; además, de garantizar el derecho al empleo, a la educación, a la salud, a la movilidad y accesibilidad. La ONU en apoyo con el programa de “Acción mundial” tiene como objetivo hacer realidad los principios de igualdad y la plena participación de las personas en condición de discapacidad en la vida social y en el desarrollo. Estos principios según estas organizaciones y por decretos, deben cumplirse con el mismo alcance y con la misma urgencia en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. (Res. 9 de dic. 1975). Razón por la cual, una de las formas de mejorar la situación de este grupo poblacional es dándole a la discapacidad un enfoque social, en el cual la corresponsabilidad en los gobiernos, la sociedad y la familia sea el aspecto fundamental que permita mejorar y fortalecer los cuidados y atención que necesitan quienes afrontan algún tipo de discapacidad en las ciudades.
En Colombia se han creado ciertos artículos con el fin de garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, algunos de ellos son, el articulo 13 que garantiza la igualdad de derechos, el articulo 16 que promueve el libre desarrollo de la personalidad, el articulo 25 que garantiza el derecho al trabajo, el articulo 47 que nos habla del derecho a la previsión y rehabilitación para este grupo y el articulo 49 con el derecho a la salud, el decreto 1660 del 2003 por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte en especial de las personas en condición de discapacidad. Sin mencionar, para no extendernos en los innumerables decretos que han surgido desde el año 1996 hasta el año 2008, uno de estos ejemplos es el articulo 2 de la ley 361 del año 1997, el cual menciona: “El Estado garantizará y velará porque en su ordenamiento jurídico, no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, sensoriales y sociales”; además de la ley 762 del 2002, que también promulga el mismo derecho. Esto sin mencionar el “tratado internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas en condición de discapacidad”, en la sentencia C401 del 2003. De igual manera nos habla el “Código Penal”.
“El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ella se cometan”. Así lo indica nuestra Constitución política colombiana y es donde se da legitimidad a la protección que requieren las personas con algún tipo de discapacidad. Esta es una de las múltiples premisas que llevan consigo líderes como Diego López, residente de la localidad de Fontibón y actual candidato al Consejo Local de Discapacidad, quien ha trabajado por años y considera que este grupo poblacional merece atención prioritaria. Puesto que, en Bogotá, sin considerar otras ciudades, la mayoría de las personas en condición de discapacidad viven en condiciones de pobreza, muchos sufren abandono, violencia, abusos, están desprotegidos y sus derechos son vulnerados. Muchos ni siquiera tienen servicios de salud, educación, ni protección social, derechos que según la ley, el estado está en la obligación de proveer y “propender” para que se cumplan y sean respetados.
Sin embargo, las administraciones hablan de igualdad, de inclusión, de dejar la indiferencia, pero lo que vivimos al interior de nuestras localidades es diferente a lo que está escrito en el papel. Una muestra para este argumento, es que muchas veces en las asambleas locales no se han elegido los consejeros locales para los asuntos de discapacidad, porque la norma que rige sus elecciones tiene falencias, hablando del decreto 629 de diciembre del 2007; razón por la cual el año pasado no se logró la elección del candidato en dos asambleas, porque no se completó el “quórum”, y como la norma no habla de una tercera asamblea, entonces, se tuvo que aplazar por término indefinido. Razón por la cual, una de las más importantes estrategias para que los derechos constitucionales se cumplan es el conocimiento de éstos, y el fortalecimiento y participación ciudadana dentro de los “Consejos Locales “de las alcaldías en las diferentes localidades. En este caso dentro del Consejo Local de Discapacidad, conformado por personas en condición de discapacidad y un representante legal para cada tipo de discapacidad, quienes son el canal de comunicación y la representación de esta población en cada localidad, frente a la administración local y distrital y frente a la Secretaria de desarrollo territorial y Bienestar social. Además, su función es concertar entre entidades y comunidades proyectos orientados a la integración laboral y social para la garantía de los derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad.
Pero, a pesar de las diversas acciones emprendidas por el gobierno y la existencia de normas que otorgan algún beneficio, el distrito carece de una política pública integral que esté dirigida a fortalecer las acciones hasta ahora emprendidas y a trabajar de manera interinstitucional e intersectorial, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de quienes presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Además, las políticas públicas o beneficios están orientadas a poblaciones específicas, donde se les da la vigencia y reafirmación de sus derechos y responsabilidades, reconocimiento de sus identidades y afianzando sus potencialidades como individuos, con el propósito de fomentar la inclusión social en el ámbito laboral, deportivo, cultural, económica y político, donde la población en condición de discapacidad participa en condiciones de igualdad y convivencia democrática. Este caso, lo podemos ver en los beneficios que recibimos las personas cuidadoras de personas discapacitadas, producto del empeño y participación ciudadana de quienes estamos involucrados con la discapacidad en nuestras familias, en los consejos locales, y que hemos sido escuchados por la Secretaria Distrital y por ende por el aporte del gobierno quienes nos dan un bono mensual de $130.000, representado en productos alimenticios, cuyo programa finalizará el 12 de noviembre de este año; la Secretaría de Salud, quien nos ha brindado ayudas técnicas, representadas en el aporte de sillas de ruedas y cojines anti escaras; la capacitación gratuita de estas personas por parte de las alcaldías para trabajar posteriormente en Call Centers; los eventos que benefician el ejercicio físico de personas en condición de discapacidad como natación por parte de la Secretaría Distrital de recreación y deporte . Estos beneficios los recibimos algunas familias de la localidad, las que teníamos conocimiento de las ayudas que prestan las alcaldías locales y que por suerte entramos en la lista de los pocos elegidos. Por ende, aunque el apoyo otorgado por el gobierno distrital es valioso, no se ofrece la permanencia y continuidad de los beneficios a fin de garantizar una vida digna. Además, los recursos otorgados por el gobierno no son suficientes para una total cobertura de esta población.
En cuanto a los derechos sobre educación para personas en condición de discapacidad, sucede lo mismo, aunque se ha asignado colegios distritales en este asunto, no existe una total cobertura y en los demás centros educativos se presenta falencias como el no contar con un programa de detección temprana de discapacidades de los niños y la falta de asistencia educativa para personas discapacitadas mayores de 18 años, quienes están relegadas a la educación no formal en centros de rehabilitación y que por cuestiones económicas muchos no pueden acceder.
Sabemos que existen leyes y decretos en pro de beneficiar a estas personas, que están plasmados en nuestra constitución y por lo cual es un deber su cumplimiento. Pero, la realidad es diferente, por ejemplo, en cuanto al derecho al empleo, tampoco se encuentran registros de tasas de ocupación, desempleo, subempleo o inactividad, los esfuerzos en el campo laboral han sido mínimos e insuficientes, a pesar de contar con las garantías constitucionales, es decir, las estadísticas de empleo no reportan datos específicos de los discapacitados que se encuentran desempleados. A demás, la mayoría de estas personas trabajan como vendedores ambulantes de lotería y rifas; y quienes han tenido la oportunidad de contar con un empleo estable, lo han logrado porque han superado barreras como el analfabetismo y la discriminación, siendo este grupo muy pequeño y que además, no registra datos estadísticos.
En el tema de salud, las entidades públicas y privadas encargadas de proveer los servicios del POS a las personas en condición de discapacidad, llamadas EPS, son negligentes en el otorgamiento de ayudas técnicas, medicamentos y hasta procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo de estos, lo cuenta Mauricio Astorquiza, afiliado al Sisben, quien sufre la discapacidad física y necesita permanentemente un medicamento que le ayuda a controlar la incontinencia, además, de sondas nelatón, con las cuales se realiza cateterismos intermitentes cada tres horas al día, para desocupar su vejiga. Medicamentos y suministros que fueron solicitados hace seis meses al Hospital Simón Bolívar, solicitud que de comienzo fue negada, pero que después de largos y tediosos procesos se prometió cumplir por parte de esta entidad de salud, que hasta ahora no ha cumplido, argumentando que estos suministros no han llegado a la farmacia o que el hospital no ha podido comprarlos. Por lo cual la tutela se ha convertido en el único medio al que se puede recurrir para el cumplimiento de este derecho.
Pasando al tema del derecho de vivienda, las estadísticas afirman que el 90% de estas personas están a cargo de sus familias, el 1% está ubicado en instituciones y el 9% restante se encuentra sin hogar. A pesar, del apoyo del gobierno por beneficiar a estas personas con el subsidio de vivienda de interés social, es insuficiente el aporte económico por parte del gobierno para una total cobertura. Así por ejemplo, el año pasado se invirtieron 6.300 millones de pesos que a través de la Secretaría Distrital del Habitad y metrovivienda beneficiarían a 567 familias en condición de vulnerabilidad, repartidas así: 340 subsidios para desplazados, 77 para vendedores ambulantes, 108 para familias pendientes de reubicación y solamente 42 subsidios de vivienda para personas en condición de discapacidad, olvidando que en sólo Bogotá existen mas de 700.000 en esta condición. Por lo tanto, podemos darnos cuenta del poco aporte económico para cumplir con el derecho a vivienda.
En Colombia, se invierte más en la guerra que en cuestión social. Se quiere combatir la consecuencia de un problema social: la violencia a través de las armas y la guerra, sin reflexionar en que la solución mas lógica para llegar a crear una sociedad libre y en paz, es la inversión en cuestiones de vivienda, salud, empleo y educación, que satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos y no cree individuos rebeldes y violentos a causa de sus sufrimientos. Además, se requiere un cambio de cultura, no compasión por parte de las demás personas frente a los discapacitados, cambiemos este sentimiento por la virtud de la solidaridad y el respeto, no podemos ser indiferentes ante un asunto que podemos vivir cualquiera de nosotros, pues nadie está exento por un accidente, o por alguna causa de violencia de vivirlo. Un ejemplo para justificar este argumento es que a veces las personas que viven en edificios, ni siquiera se dan cuenta de quienes son sus vecinos, si alguno de ellos está en silla de ruedas, si necesita bastón o muletas para caminar, si es invidente, si es mayor de edad o está embarazada.
Por otro lado solicitamos a los señores constructores, conductores y otros, por favor tengan en cuenta a la hora de sus tareas, que las personas en condición de discapacidad necesitan entradas anchas y ascensores que permitan el ingreso de las sillas de ruedas, puertas de tamaño adecuado, rampas de acceso donde hay escaleras, pero con la inclinación adecuada. Sabemos que la Veeduría Distrital realiza la campaña “accesibilidad sin barreras”, en beneficio de esta comunidad para su fácil acceso al transporte y mobiliario capitalino, pero debemos entender que si no existe una amplia cobertura de información y cambio de cultura ciudadana, no podremos hacer realidad estos derechos. La indiferencia de los ciudadanos es la barrera más difícil, fuerte y dolorosa que puede enfrentar una persona con problemas de movilidad, de aquí la “incapacidad de muchos para entender que todos somos iguales”.
Vivimos en una sociedad de culturas híbridas, donde cada individuo que la compone es un ser diferente, física y psicológicamente. Sociedad que es producto de la formación de cada ciudadano, de su educación, de sus valores morales y espirituales, desde su infancia y del uso que él hace de estos factores en el desarrollo de su vida y de su diario vivir, en la interacción con los demás, en los diferentes escenarios que componen la sociedad. Por lo cual, es de relevante importancia para nuestro desarrollo personal el ejercicio del hombre como “ser social”.
Sin ignorar nuestras diferencias y reconociéndonos como seres sociales, debemos incorporar a nuestra formación, virtudes como la solidaridad, el respeto, la educación y el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones en pro de un bienestar social, fruto del trabajo fundamentado en intereses comunes; y no una lucha de intereses particulares y burocráticos, que en conjunto con la mal orientada educación de los colombianos, el inadecuado manejo de los recursos por parte del Estado y la falta de valores morales, han sido la causa principal para que vivamos en un mundo donde prima la injusticia, la insolidaridad, el egoísmo y otras acciones que han traído a su vez como consecuencia la violencia, la guerra, la pobreza, la incultura y la intolerancia, entre otros.
En este ensayo, hago énfasis en la intolerancia y la falta de cultura, que vivimos los colombianos, especialmente en el tema de las personas que viven en condición de discapacidad. Ya que, generalmente, estas personas están expuestas a la discriminación y exclusión social, factores que les impide ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades con las demás personas, pero que gracias a los últimos estudios en el tema, se ha llegado a entender que la verdadera causa de la discapacidad no está en el individuo, sino que su causa es fundamentalmente social y se encuentra en las desventajas que experimentan debido a las omisiones, errores de diseño en la infraestructura de la ciudad, sea por prejuicios, por discriminación, por falta de información o simplemente por no tener en cuenta estas diferencias, lo cual conocemos como “falta de cultura ciudadana” al respecto. Además, la discapacidad de muchos colombianos es la consecuencia de las diferentes formas de violencia, de los accidentes de tránsito, accidentes laborales, de la carencia afectiva o pobreza extrema, de las enfermedades crónicas, entre otras.
En el mundo existen 650 millones de personas en condición de discapacidad, equivalente al 10% del total de la población mundial, en solo Colombia hay cuatro millones de personas en esa condición. Por ello, la Convención de la Organización de las Naciones Unidas, en el primer tratado sobre derechos humanos, implicó la creación de leyes y medidas a favor de este grupo, con el fin de erradicar cualquier tipo de discriminación y cambiando la caridad y asistencia por derechos y libertades, mediante los cuales se promueva el aporte que ellos pueden hacer a la sociedad, garantizando así el derecho de igualdad de condiciones frente a las demás personas; además, de garantizar el derecho al empleo, a la educación, a la salud, a la movilidad y accesibilidad. La ONU en apoyo con el programa de “Acción mundial” tiene como objetivo hacer realidad los principios de igualdad y la plena participación de las personas en condición de discapacidad en la vida social y en el desarrollo. Estos principios según estas organizaciones y por decretos, deben cumplirse con el mismo alcance y con la misma urgencia en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. (Res. 9 de dic. 1975). Razón por la cual, una de las formas de mejorar la situación de este grupo poblacional es dándole a la discapacidad un enfoque social, en el cual la corresponsabilidad en los gobiernos, la sociedad y la familia sea el aspecto fundamental que permita mejorar y fortalecer los cuidados y atención que necesitan quienes afrontan algún tipo de discapacidad en las ciudades.
En Colombia se han creado ciertos artículos con el fin de garantizar los derechos de las personas en condición de discapacidad, algunos de ellos son, el articulo 13 que garantiza la igualdad de derechos, el articulo 16 que promueve el libre desarrollo de la personalidad, el articulo 25 que garantiza el derecho al trabajo, el articulo 47 que nos habla del derecho a la previsión y rehabilitación para este grupo y el articulo 49 con el derecho a la salud, el decreto 1660 del 2003 por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte en especial de las personas en condición de discapacidad. Sin mencionar, para no extendernos en los innumerables decretos que han surgido desde el año 1996 hasta el año 2008, uno de estos ejemplos es el articulo 2 de la ley 361 del año 1997, el cual menciona: “El Estado garantizará y velará porque en su ordenamiento jurídico, no prevalezca discriminación sobre habitante alguno en su territorio, por circunstancias personales, económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, sensoriales y sociales”; además de la ley 762 del 2002, que también promulga el mismo derecho. Esto sin mencionar el “tratado internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas en condición de discapacidad”, en la sentencia C401 del 2003. De igual manera nos habla el “Código Penal”.
“El estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionara los abusos o maltratos que contra ella se cometan”. Así lo indica nuestra Constitución política colombiana y es donde se da legitimidad a la protección que requieren las personas con algún tipo de discapacidad. Esta es una de las múltiples premisas que llevan consigo líderes como Diego López, residente de la localidad de Fontibón y actual candidato al Consejo Local de Discapacidad, quien ha trabajado por años y considera que este grupo poblacional merece atención prioritaria. Puesto que, en Bogotá, sin considerar otras ciudades, la mayoría de las personas en condición de discapacidad viven en condiciones de pobreza, muchos sufren abandono, violencia, abusos, están desprotegidos y sus derechos son vulnerados. Muchos ni siquiera tienen servicios de salud, educación, ni protección social, derechos que según la ley, el estado está en la obligación de proveer y “propender” para que se cumplan y sean respetados.
Sin embargo, las administraciones hablan de igualdad, de inclusión, de dejar la indiferencia, pero lo que vivimos al interior de nuestras localidades es diferente a lo que está escrito en el papel. Una muestra para este argumento, es que muchas veces en las asambleas locales no se han elegido los consejeros locales para los asuntos de discapacidad, porque la norma que rige sus elecciones tiene falencias, hablando del decreto 629 de diciembre del 2007; razón por la cual el año pasado no se logró la elección del candidato en dos asambleas, porque no se completó el “quórum”, y como la norma no habla de una tercera asamblea, entonces, se tuvo que aplazar por término indefinido. Razón por la cual, una de las más importantes estrategias para que los derechos constitucionales se cumplan es el conocimiento de éstos, y el fortalecimiento y participación ciudadana dentro de los “Consejos Locales “de las alcaldías en las diferentes localidades. En este caso dentro del Consejo Local de Discapacidad, conformado por personas en condición de discapacidad y un representante legal para cada tipo de discapacidad, quienes son el canal de comunicación y la representación de esta población en cada localidad, frente a la administración local y distrital y frente a la Secretaria de desarrollo territorial y Bienestar social. Además, su función es concertar entre entidades y comunidades proyectos orientados a la integración laboral y social para la garantía de los derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad.
Pero, a pesar de las diversas acciones emprendidas por el gobierno y la existencia de normas que otorgan algún beneficio, el distrito carece de una política pública integral que esté dirigida a fortalecer las acciones hasta ahora emprendidas y a trabajar de manera interinstitucional e intersectorial, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de quienes presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Además, las políticas públicas o beneficios están orientadas a poblaciones específicas, donde se les da la vigencia y reafirmación de sus derechos y responsabilidades, reconocimiento de sus identidades y afianzando sus potencialidades como individuos, con el propósito de fomentar la inclusión social en el ámbito laboral, deportivo, cultural, económica y político, donde la población en condición de discapacidad participa en condiciones de igualdad y convivencia democrática. Este caso, lo podemos ver en los beneficios que recibimos las personas cuidadoras de personas discapacitadas, producto del empeño y participación ciudadana de quienes estamos involucrados con la discapacidad en nuestras familias, en los consejos locales, y que hemos sido escuchados por la Secretaria Distrital y por ende por el aporte del gobierno quienes nos dan un bono mensual de $130.000, representado en productos alimenticios, cuyo programa finalizará el 12 de noviembre de este año; la Secretaría de Salud, quien nos ha brindado ayudas técnicas, representadas en el aporte de sillas de ruedas y cojines anti escaras; la capacitación gratuita de estas personas por parte de las alcaldías para trabajar posteriormente en Call Centers; los eventos que benefician el ejercicio físico de personas en condición de discapacidad como natación por parte de la Secretaría Distrital de recreación y deporte . Estos beneficios los recibimos algunas familias de la localidad, las que teníamos conocimiento de las ayudas que prestan las alcaldías locales y que por suerte entramos en la lista de los pocos elegidos. Por ende, aunque el apoyo otorgado por el gobierno distrital es valioso, no se ofrece la permanencia y continuidad de los beneficios a fin de garantizar una vida digna. Además, los recursos otorgados por el gobierno no son suficientes para una total cobertura de esta población.
En cuanto a los derechos sobre educación para personas en condición de discapacidad, sucede lo mismo, aunque se ha asignado colegios distritales en este asunto, no existe una total cobertura y en los demás centros educativos se presenta falencias como el no contar con un programa de detección temprana de discapacidades de los niños y la falta de asistencia educativa para personas discapacitadas mayores de 18 años, quienes están relegadas a la educación no formal en centros de rehabilitación y que por cuestiones económicas muchos no pueden acceder.
Sabemos que existen leyes y decretos en pro de beneficiar a estas personas, que están plasmados en nuestra constitución y por lo cual es un deber su cumplimiento. Pero, la realidad es diferente, por ejemplo, en cuanto al derecho al empleo, tampoco se encuentran registros de tasas de ocupación, desempleo, subempleo o inactividad, los esfuerzos en el campo laboral han sido mínimos e insuficientes, a pesar de contar con las garantías constitucionales, es decir, las estadísticas de empleo no reportan datos específicos de los discapacitados que se encuentran desempleados. A demás, la mayoría de estas personas trabajan como vendedores ambulantes de lotería y rifas; y quienes han tenido la oportunidad de contar con un empleo estable, lo han logrado porque han superado barreras como el analfabetismo y la discriminación, siendo este grupo muy pequeño y que además, no registra datos estadísticos.
En el tema de salud, las entidades públicas y privadas encargadas de proveer los servicios del POS a las personas en condición de discapacidad, llamadas EPS, son negligentes en el otorgamiento de ayudas técnicas, medicamentos y hasta procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo de estos, lo cuenta Mauricio Astorquiza, afiliado al Sisben, quien sufre la discapacidad física y necesita permanentemente un medicamento que le ayuda a controlar la incontinencia, además, de sondas nelatón, con las cuales se realiza cateterismos intermitentes cada tres horas al día, para desocupar su vejiga. Medicamentos y suministros que fueron solicitados hace seis meses al Hospital Simón Bolívar, solicitud que de comienzo fue negada, pero que después de largos y tediosos procesos se prometió cumplir por parte de esta entidad de salud, que hasta ahora no ha cumplido, argumentando que estos suministros no han llegado a la farmacia o que el hospital no ha podido comprarlos. Por lo cual la tutela se ha convertido en el único medio al que se puede recurrir para el cumplimiento de este derecho.
Pasando al tema del derecho de vivienda, las estadísticas afirman que el 90% de estas personas están a cargo de sus familias, el 1% está ubicado en instituciones y el 9% restante se encuentra sin hogar. A pesar, del apoyo del gobierno por beneficiar a estas personas con el subsidio de vivienda de interés social, es insuficiente el aporte económico por parte del gobierno para una total cobertura. Así por ejemplo, el año pasado se invirtieron 6.300 millones de pesos que a través de la Secretaría Distrital del Habitad y metrovivienda beneficiarían a 567 familias en condición de vulnerabilidad, repartidas así: 340 subsidios para desplazados, 77 para vendedores ambulantes, 108 para familias pendientes de reubicación y solamente 42 subsidios de vivienda para personas en condición de discapacidad, olvidando que en sólo Bogotá existen mas de 700.000 en esta condición. Por lo tanto, podemos darnos cuenta del poco aporte económico para cumplir con el derecho a vivienda.
En Colombia, se invierte más en la guerra que en cuestión social. Se quiere combatir la consecuencia de un problema social: la violencia a través de las armas y la guerra, sin reflexionar en que la solución mas lógica para llegar a crear una sociedad libre y en paz, es la inversión en cuestiones de vivienda, salud, empleo y educación, que satisfaga las necesidades básicas de los ciudadanos y no cree individuos rebeldes y violentos a causa de sus sufrimientos. Además, se requiere un cambio de cultura, no compasión por parte de las demás personas frente a los discapacitados, cambiemos este sentimiento por la virtud de la solidaridad y el respeto, no podemos ser indiferentes ante un asunto que podemos vivir cualquiera de nosotros, pues nadie está exento por un accidente, o por alguna causa de violencia de vivirlo. Un ejemplo para justificar este argumento es que a veces las personas que viven en edificios, ni siquiera se dan cuenta de quienes son sus vecinos, si alguno de ellos está en silla de ruedas, si necesita bastón o muletas para caminar, si es invidente, si es mayor de edad o está embarazada.
Por otro lado solicitamos a los señores constructores, conductores y otros, por favor tengan en cuenta a la hora de sus tareas, que las personas en condición de discapacidad necesitan entradas anchas y ascensores que permitan el ingreso de las sillas de ruedas, puertas de tamaño adecuado, rampas de acceso donde hay escaleras, pero con la inclinación adecuada. Sabemos que la Veeduría Distrital realiza la campaña “accesibilidad sin barreras”, en beneficio de esta comunidad para su fácil acceso al transporte y mobiliario capitalino, pero debemos entender que si no existe una amplia cobertura de información y cambio de cultura ciudadana, no podremos hacer realidad estos derechos. La indiferencia de los ciudadanos es la barrera más difícil, fuerte y dolorosa que puede enfrentar una persona con problemas de movilidad, de aquí la “incapacidad de muchos para entender que todos somos iguales”.
DIANA MARITZA VÁSQUEZ ORTIZ
COD. 1010810860
LEO MUCHAS INTENCIONES DE PROYECTOS DE LEY NACIONAL,,PERO TERMINAN SIENDO SIMPLES NORMAS..
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